Puerto Vallarta concentra la mayoría de casos de trata infantil en Jalisco: directora del DIF

La trata de personas en Jalisco representa un problema grave que no solo atañe al sistema DIF estatal, sino al aparato de gobierno completo. La directora del organismo, Diana Vargas Salomón, reveló cifras alarmantes sobre explotación sexual infantil, especialmente en regiones turísticas del estado.

Durante su declaración, Vargas Salomón insistió en que más allá de los números, el reto principal está en cómo se dimensiona este problema. Reconocerlo y nombrarlo correctamente es parte esencial del combate, dijo, ante medios locales.

¿Cuál es el panorama de la trata de personas en Jalisco?

Según datos recientes, actualmente hay 21 carpetas de investigación abiertas por presunta trata de personas en la entidad. De estas, cinco ya fueron judicializadas y el resto permanece bajo seguimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco.

“La problemática es grande”, enfatizó Vargas Salomón, al señalar que Jalisco es el estado número uno en trata y explotación sexual infantil en México. Esto se concentra principalmente en Puerto Vallarta, una de las zonas con mayor afluencia turística del país.

DIF Jalisco reconoció que su labor se enfrenta a desafíos complejos. Uno de ellos es contar con mecanismos efectivos para reportar y dar seguimiento a cada caso con claridad jurídica y técnica, evitando minimizar o desvirtuar la gravedad de la situación.

La directora del DIF explicó que están buscando mecanismos para dimensionar y clasificar correctamente los casos, especialmente en lo que se refiere a delitos como trata, que suelen estar ocultos o mal reportados por temor o falta de pruebas inmediatas.

¿Qué dicen otras autoridades sobre los casos en Puerto Vallarta?

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solo ha recibido dos quejas formales por trata infantil, ambas provenientes de Puerto Vallarta. Según su titular, los casos ya fueron turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su seguimiento.

Esta diferencia entre los datos del DIF y los reportes de la CEDHJ refleja una posible subestimación del fenómeno por parte de otras instituciones. La disparidad también sugiere falta de denuncias formales o dificultades en el proceso de judicialización.

Autoridades del estado reconocen que se requiere una acción interinstitucional más eficaz, así como una mejor coordinación entre la procuraduría estatal, los cuerpos policiales y organismos de derechos humanos para enfrentar el fenómeno de forma integral.

Las carpetas judicializadas podrían marcar un precedente importante para reforzar la persecución penal del delito. Sin embargo, voceros del DIF sostienen que aún falta una estrategia clara y contundente para erradicar esta práctica del territorio jalisciense.

MQ