Rancho Izaguirre cuenta con al menos 3 puntos de vigilancia de autoridades estatales y federales

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un despliegue operativo de carácter permanente en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. El objetivo principal es el resguardo del Rancho Izaguirre.

En la zona se encuentran desplegados elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal. Estas corporaciones custodian el perímetro para evitar cualquier alteración en el sitio.

¿Qué medidas de seguridad se aplican en la zona y qué autoridad lleva el caso?

Los oficiales de seguridad mantienen el control mediante al menos tres puntos de vigilancia estratégica y dos filtros de acceso restringido al predio. Para garantizar la protección del lugar, el personal cuenta con armamento de grueso calibre.

Originalmente, la carpeta de investigación fue abierta por la fiscalía estatal de Jalisco, pero debido a la complejidad del caso fue atraída federalmente. Actualmente, la Fiscalía General de la República tiene la competencia absoluta sobre los hallazgos y diligencias que se realicen.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha sido una de las organizaciones más activas en denunciar el abandono previo de este sitio clave. Los familiares de personas desaparecidas exigen que la custodia policial se traduzca en una localización efectiva.

La investigación sugiere que en este rancho se engañaba a jóvenes mediante falsas promesas de empleo para integrarlos a grupos de la delincuencia organizada. 

¿Cuál es la postura de los colectivos ante la intervención de la Fiscalía General de la República?

Indira Navarro, representante de la agrupación Guerreros Buscadores, denunció que la presencia de uniformados no ha garantizado avances significativos en las tareas forenses. Según la activista, las diligencias de prospección y análisis de posibles restos humanos se encuentran actualmente paralizadas por peritos.

A pesar de que la carpeta de investigación está activa bajo la jurisdicción federal, los antropólogos de la institución no han iniciado las exhumaciones. Para el colectivo, la vigilancia del rancho resulta insuficiente.

La organización civil enfatizó que la custodia del terreno debe acompañarse de acciones concretas de búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas. Temen que el tiempo transcurrido sin intervención forense directa complique la identificación de posibles evidencias biológicas en el sitio.

Por ahora, el Rancho Izaguirre permanece como un punto crítico de seguridad en el occidente de México, bajo un fuerte esquema de protección. Se espera que en los próximos días la FGR brinde un informe detallado sobre la reactivación de las labores periciales.

MQ

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