Suman 33 servidores públicos de Jalisco que son vinculados a proceso desde el 2018 al 2023

 Luego de que se diera a conocer el nuevo revés judicial para Francisco de Jesús 'N', ex presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y ex secretario de Educación en la entidad quien fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento de atribuciones y facultades relacionados al caso Abengoa; ahora se suma a la lista de los 33 servidores públicos que desde 2018 a la fecha han pisado prisión preventiva.

Cabe recordar que el junto con Fidel Armando "N", ex director general; Marco Antonio "N", ex subdirector general; Katia "N", ex jefa de Administración de Fondos; Carlos Gabriel "N" ex jefe de Administración de Fondos, y Wilfrido "N" ex jefe de Contabilidad sin los seis exfuncionarios del IPEJAL, que fueron vinculados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del instituto.

Lo anterior por inversiones de más de 300 millones de pesos en noviembre de 2022; todos en resguardo domiciliario por condiciones de salud.

Pero también hay que recordar otros ex funcionarios que también han sido encarcelados:

El primero fue Franciso de Jesús “N”, ex presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y ex secretario de Educación

Antonio “N”, exsecretario de Salud en Jalisco durante la administración de Aristóteles Sandoval, vinculación a proceso por el delito de peculado, por presuntas anomalías durante su gestión al frente del extinto Seguro Popular en Jalisco

Miguel “N”, Salvador “N” y Daviel “N”, ex secretarios de Desarrollo Integral de Jalisco, probables responsables del delito de uso indebido de funciones y atribuciones en agravio de la sociedad y la extinta Sedis durante la gestión de Aristóteles Sandoval Díaz como gobernador

-Felipe “N”, ex director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) durante la pasada administración en Jalisco (2013-2018) fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades que habrían causado un daño al erario de 58 millones de pesos.

MQ