Derechos, no votos: La deuda del Congreso poblano con la niñez trans

En el corazón de Izúcar de Matamoros, la apertura de los primeros baños neutros en una empresa local parece enviar un mensaje de inclusión que, lamentablemente, aún no encuentra eco en las paredes del Congreso del Estado de Puebla. Mientras la sociedad civil y algunas empresas avanzan hacia el reconocimiento de la diversidad, la Ley de Identidad de Género para las infancias trans permanece en la "congeladora" legislativa, víctima del cálculo político y el desconocimiento.

Es fundamental despejar las dudas que los sectores más conservadores han sembrado para entorpecer este avance. Cuando hablamos de infancias trans, nos referimos a niñas, niños y niñes que se identifican con un género distinto al asignado al nacer. La iniciativa de ley en Puebla no busca promover procesos médicos, hormonizaciones o cirugías, como erróneamente se ha difundido; su objetivo primordial es brindar certeza jurídica. Se trata de permitir que estos menores cuenten con documentos que reflejen quiénes son, garantizando su derecho a la identidad.

La omisión del Congreso no es solo una falta de voluntad, es un desacato. Desde el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mandato al legislativo poblano a legislar en la materia. Organismos internacionales como la ONU, la UNICEF y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han sido enfáticos: garantizar la identidad de género es una medida de protección a los derechos humanos fundamentada en el bien superior del menor.

A pesar de contar con una representación histórica en la figura de la diputada Gabriela Chumacero, quien ha impulsado la agenda desde adentro, el Congreso parece haber olvidado su supuesta vocación progresista. El pasado 15 de julio era una fecha clave para la votación, pero el miedo al costo electoral parece haber pesado más que la dignidad de las infancias. Se especula que el tema podría postergarse hasta septiembre, esperando que sean los suplentes quienes asuman la responsabilidad, o peor aún, dejar que el tiempo agote la legislatura para no "restar votos" en futuros comicios.

Hay una premisa básica que los legisladores poblanos deben recordar: los derechos humanos no se votan, se garantizan. Pretender someter a consulta los derechos de una minoría es una perversión de la democracia. Las mayorías no deben decidir sobre la existencia o la certeza jurídica de un grupo vulnerable.

Puebla tiene la oportunidad de dejar atrás el miedo y la parálisis. No se trata de una concesión política, sino de cumplir con un mandato judicial y ético. Es momento de que el Congreso del Estado deje de esconderse tras cálculos electorales y garantice, de una vez por todas, que las infancias trans puedan crecer en un estado que las reconozca, las respete y las proteja.